Andrea Vota: "Prohibir la publicidad del juego online hará incrementar la visibilidad y la actividad de los operadores ilegales y sin licencia"

El pasado 3 de noviembre, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto de Comunicaciones Comerciales que regula la publicidad del juego online. 

Tras años de versiones y negociaciones y de la desidia de los diferentes Gobiernos que se han ido sucediendo a lo largo de estos últimos ejercicios, el texto final ha llegado a manos del ministro de Consumo, Alberto Garzón, quien ha impulsado la aprobación de la vertiente más restrictiva de dicha regulación. 

El titular de Consumo celebra la luz verde a su ley porque, de acuerdo con su discurso, da respuesta a una supuesta “alarma social” y protege a los colectivos más vulnerables.

Ante este punto de no retorno, cada vez son más voces las que, junto con Jdigital, alertan del aumento del juego ilegal y que tiene como consecuencia la desprotección de los usuarios, especialmente de los colectivos más vulnerables,como los menores de edad o los jugadores patológicos.

Tal como explica la DGOJ, “para ofrecer juego online de ámbito estatal es necesario disponer de título habilitante otorgado por la Dirección General de Ordenación del Juego” y que engloba a todos los operadores “.es”. El mismo organismo advierte que cuando un ciudadano accede a un sitio de juego online ilegal “puede estar comprometiendo sus fondos, sus datos personales, ser objeto de fraude o engaño, ser sometido a prácticas deshonestas, e incluso puede estar colaborando con organizaciones criminales”. A estos peligros debemos sumar la desprotección de los usuarios, -especialmente los más vulnerables- que pueden acceder sin restricciones a estas webs de operadores sin licencia. 

También debemos señalar las irregularidades fiscales del juego online ilegal. Mientras que los operadores con licencia están sometidos a la Ley 13/2011 de regulación del juego y a la normativa antiblanqueo de capitales, los operadores sin licencia no están sometidos a ninguna regulación. Además, los ingresos de los operadores legales tienen un gravamen del 20% del impuesto sobre la actividad del juego, así como otras tasas específicas, mientras que los operadores sin licencia no están sometidos a ninguna presión fiscal específica, lo que perjudica claramente a las arcas públicas.

Teniendo en cuenta todo ello, creo que no solo el sector del juego online debe estar preocupado por el futuro de su actividad. También el Gobierno debería reflexionar sobre esta normativa y sus consecuencias. 

Desde Jdgital no nos cansaremos de repetir que el sector del juego online siempre ha abogado por un marco regulatorio que ordene la publicidad de nuestra actividad para, sobre todo, proteger al consumidor de los problemas que puede generar el juego compulsivo. Creemos que la ley que regula el juego en España en la actualidad establece un marco controlado y garantista, pionero a nivel europeo, que cumple con dicho objetivo.

Por ello, creemos que la culminación del proceso regulatorio, con el desarrollo reglamentario de la publicidad, debería tener como objetivo prioritario el consolidar el éxito del marco competitivo y seguro actual.